LA CICIG Y EL CASO PAVÓN: LAS AUTORIDADES PERSEGUIDAS POR CUMPLIR CON SU DEBER

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CICIG Commissioner Iván Velásquez holds the ceremonial check from the US embassy in Guatemala, with Attonrey General Thelma Aldana and Ambassador Todd Robinson on the right. Crédito: US embassy, Guatemala.

En 1996, el Gobierno de Guatemala tomó dos decisiones que ejemplifican la frase esperanzadora: “mañana será un mejor día”. Una de ellas fue ponerle fin al conflicto armado interno del país, con los denominados “Acuerdos de Paz”, una tregua defectuosa.

La segunda decisión, menos conocida, no resultó mejor. Esta fue renunciar al control de la prisión denominada Pavón, el lugar de cumplimiento de condenas más duro del país, y permitir que los presos tomaran el mando y control del penal, mientras que el Gobierno se limitaba a patrullar el perímetro.

Las autoridades lo llamaron un experimento de “autogobierno de la prisión”, pero creó una auténtica casa de horrores, mejor documentada por el Sydney Morning Herald.

Diez años más tarde, en 2006, el presidente Óscar Berger decidió retomar el control de la prisión por la fuerza. El operativo de recuperación de la prisión enfrentó a unas 3.000 tropas gubernamentales contra 1.500 de los reclusos más duros de América Latina, y terminó con la muerte de siete prisioneros y el traslado del resto de los reos a otras instalaciones carcelarias.

Dada la violencia inherente al operativo, uno podría decir que fue casi milagroso que solo siete reos fallecieran. De hecho, el defensor de derechos humanos de Guatemala, que a menudo critica al Gobierno, calificó la toma de Pavón como un trabajo bien hecho.

Más tarde, sin embargo, este defensor cambió súbitamente de parecer, al afirmar que había existido una conspiración para matar a determinados presos y recomendó a Álvaro Colom, sucesor del presidente Berger, que solicitara la investigación del caso a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). No hubo necesidad de insistir: el presidente Álvaro Colom era un ferviente admirador de la CICIG, y ésta era una entidad con deseos ardientes de demostrar que podía ser una máquina acusadora eficiente para la presentación de cargos.

Da la casualidad de que los cuatro procesos de la CICIG sobre Pavón han sido inconsistentes en el mejor de los casos y sospechosos de falsedad en el peor de ellos. El resultado final es muy revelador: después de nueve años de actividad procesal en ambos lados del Atlántico, millones de dólares desperdiciados y muchas vidas trastornadas, la CICIG, pese a algunas decisiones provisionales a su favor, no ha sido capaz de sostener una sola condena.

La caza continúa: el enjuiciamiento de Erwin Sperisen

Gracias al apetito insaciable de la CICIG de apelar sus derrotas judiciales, uno de los casos sigue sin resolverse hasta hoy. La CICIG, con la colaboración de un grupo autodenominado activista de derechos humanos en Suiza, logró armar un efectivo proceso penal contra Erwin

Sperisen, jefe de la Policía al momento de la toma de Pavón. Sperisen, quien posee doble ciudadanía de Guatemala y Suiza, fue condenado –con evidente falsedad probatoria –a prisión de por vida por ejecución extrajudicial y pasó cinco años en aislamiento en una prisión suiza. Fue tratado como un criminal de guerra nazi, que es como la CICIG y los activistas de derechos humanos consiguieron retratarlo.

En junio de 2017, el Tribunal Federal, la máxima corte de justicia en Suiza, declaró que los derechos de defensa y al debido proceso de Sperisen habían sido violados, especialmente porque y aunque parezca inaudito, los jueces se negaron a aceptar las pruebas de descargo que propuso. Sperisen fue liberado y la corte ordenó el inicio de un nuevo juicio en abril de 2018.

Sin embargo, las condiciones del nuevo juicio no son un buen augurio para la justicia. Un hecho de suma importancia es que tanto el juez como el fiscal serán los mismos de aquel fraudulento juicio que mandó a Sperisen a la cárcel. Además, el fiscal es el hijo del fundador del mencionado grupo activista de derechos humanos.

En el nuevo juicio, una decisión crucial de la corte será cómo trata dos evidencias que la CICIG ha silenciado por una década. En Austria, durante el juicio de Javier Figueroa, ex asistente de Sperisen, la corte permitió a la defensa mostrar un video de la toma de la prisión –ocultado por la CICIG– que muestra sin lugar a dudas que los reos atacaron con disparos de fusil a las autoridades cuando éstas ingresaron al penal. Ese hecho desarma fatalmente la acusación de ejecución extrajudicial, que requiere que los asesinos estén en control total de sus víctimas.

Asimismo, los abogados de Sperisen seguro aportarán otro video realizado por un periodista suizo que muestra cómo la CICIG obtuvo fraudulentamente una declaración de la madre de un prisionero que murió durante el tiroteo en Pavón. En el primer juicio, la corte que condenó a Sperisen rechazó la evidencia en la que la madre desautorizaba un poder notarial en francés, el cual había sido aceptado por la corte. El video deja claro que ella firmó por insistencia de la CICIG, sin conocer el contenido del documento, ni entender el idioma en que estaba redactado, hecho que convierte en inválida su declaración y en nulo al documento.

Uno diría que las posibilidades para Sperisen son mínimas si debe enfrentar al mismo juez y fiscal que lo condenaron en el previo empañado juicio. Los que hacen su modus vivendi de perseguir a sus enemigos ideológicos, colocan la política por encima de la justicia y tienen antecedentes de fanatismo intolerante con quienes se oponen a sus designios. Esta observación se aplica con creces para la CICIG.

Proceso en Guatemala contra Alejandro Giammattei 

En Guatemala, el peso cayó sobre Alejandro Giammattei, director del Sistema Penitenciario nacional. La Fiscalía, con la CICIG al mando, lo acusó de “ejecución extrajudicial” o asesinato, en Pavón y en otra prisión. Una acusación subsidiaria fue “asociación ilícita” o conspiración para asesinar.

La conducta procesal de la CICIG fue contraria a las leyes. Los fiscales llevaron a cabo audiencias de testimonio sin notificar a la defensa, la cual tuvo acceso a la mayor parte de las pruebas de la Fiscalía solo unos minutos antes de que Giammattei compareciera ante el tribunal. Mientras tanto, el sitio web de la CICIG exponía a Giammattei como un secuestrador, un asesino a sueldo, un extorsionador, un blanqueador de dinero y un traficante de drogas, a pesar de que no se le había imputado ninguno de esos delitos.

El principal testigo de la CICIG contra Giammattei fue uno de sus subordinados, el teniente coronel retirado Luis Linares que había coordinado los esfuerzos gubernamentales para volver a tomar la prisión de Pavón. En esa operación, los guardias del sistema penitenciario, recibieron órdenes de Giammattei indicando que, antes de ingresar al penal, debían esperar a que la Policía Nacional Civil y el Ejército hubieran restablecido el orden en el interior del mismo. Congruente con esa decisión, Giammattei también ordenó que los guardias no portaran armas al ingresar a la prisión.

Resultó que Linares había desobedecido esta orden y le había dicho a uno de los hombres encargados de su seguridad personal que retirara dos fusiles y 90 cartuchos de munición de la armería. Según su propio testimonio, Linares ingresó con la fuerza invasora y disparó su arma contra los reos. El propio informe de la CICIG decía que los cartuchos encontrados en la escena del crimen eran de calibre de 7,62 mm, el mismo de los fusiles que se le habían entregado al hombre de Linares.

La CICIG ocultó esta evidencia exculpatoria al tribunal y a la defensa. No investigó las armas tomadas de la armería sin autorización y no investigó las armas que Linares y su hombre habían llevado durante la incursión.

Después de dos días de testimonio, el juez desestimó los cargos de homicidio contra Giammattei. Siete meses después, fue a juicio por el cargo de conspiración. Cuando los fiscales afirmaron que la conspiración había comenzado “un día en junio de 2006”, el juez notó una falta de especificidad en cuanto a lugares, fechas u horas en que el acusado supuestamente se había reunido para planificar el crimen. El juez también señaló que la ley contra la asociación ilícita no existía en el momento en que se suponía que los acusados la estaban violando.

El juez ordenó cerrar el caso y liberar a los acusados. Ésa fue la señal para que la CICIG comenzara su ciclo de apelaciones. El tribunal de apelaciones confirmó la decisión del juez, pero la Fiscalía apeló a la Corte Suprema, que favoreció a la CICIG por sobre los acusados.

La defensa solicitó al máximo órgano judicial del país, la Corte de Constitucionalidad, un amparo contra el fallo de la Corte Suprema. El 18 de julio de 2012, la máxima corte que aún no estaba completamente bajo el control de la CICIG favoreció a los acusados, con una admonición a la Corte Suprema. Ese tribunal se vio obligado a dictar una nueva sentencia, en la cual confirmó la improcedencia de la acusación contra los sindicados, y ordenó la desestimación y archivo del caso.

Proceso en España contra Carlos Vielman

Finalmente, fue una acción penal en España la que disipó cualquier duda sobre las tácticas y los motivos de la CICIG en el caso. En octubre de 2010, cuatro años después de los acontecimientos en Pavón, el exministro del Interior Carlos Vielmann fue arrestado en España, donde residía y también tenía ciudadanía. A petición de la Fiscalía de Guatemala y la CICIG, un tribunal español acusó a Vielmann de asesinato y conspiración en los homicidios de Pavón. Fue liberado bajo fianza mientras aguardaba al juicio.

Después de un retraso adicional de cinco años, el juicio de Vielmann comenzó en España en noviembre de 2015. A pesar del rechazo de estos mismos cargos años atrás –contra Giammattei en Guatemala y un veredicto de absolución en Austria contra Javier Figueroa, el subdirector de la Policía en el momento de los hechos– la CICIG había decidido usar su poder internacional de enjuiciar contra un hombre que, dada su posición como ministro del Interior, nunca habría estado cerca de los asesinatos.

Para el juicio español, la CICIG también sacó a relucir su antiguo testigo, el exteniente coronel Luis Linares. Él testificó que Vielmann y otros conspiradores habían elaborado una lista de prisioneros que iban a ejecutar.

En respuesta a la CICIG y la Fiscalía de Guatemala, Vielmann presentó en España una demanda civil contra 16 personas y entidades por “acusaciones falsas y humillantes” lanzadas contra él en un video de YouTube, titulado “Impunidad: informe de Guatemala”. Entre los demandados se encontraban el comisionado de la CICIG, personal de esta entidad y la fiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz.

El tribunal de primera instancia penal en España no vio las cosas como la CICIG hubiera querido. El juez español declaró que Linares era un testigo pagado, señalando que residía en Canadá con una pensión de la CICIG. El tribunal rechazó su testimonio y el de otros testigos de la Fiscalía por considerar que se trataba de testigos falsos, inducidos por los acusadores a incriminar a los sindicados.

En su lugar, el tribunal aceptó un video que fue grabado en el momento en que ocurrió el operativo de la toma de la prisión de Pavón por las autoridades guatemaltecas, y que los acusadores habían convenientemente ocultado. Las muertes de los reos, afirmó, fueron parte de una confrontación violenta y el defensor de los derechos humanos tenía razón en elogiar la operación. El tribunal dijo que no pudo encontrar “ninguna prueba de un plan premeditado, diseñado por el Gobierno de Guatemala para la eliminación física [de personas]”.

La CICIG no aprendió de sus errores y siguió repitiéndolos sistemáticamente. Con la excepción del caso de Sperisen en Suiza, aún en trámite, esto completa el balance de la CICIG y sus nueve años de investigación de la muerte de los reos que se dieron en la recuperación del penal de Pavón. Debido a su posición privilegiada –su poder de enjuiciar a cualquier persona, en cualquier lugar, sin la obligación de rendir cuentas– la comisión anti-impunidad volvía a presentar los mismos falsos testigos y sus testimonios desacreditados. De este modo, pretende obtener condenas en casos en los que no pudo obtener pruebas que favorecieran sus pretensiones, ni en Guatemala ni en Europa.

Una definición coloquial de locura es la de intentar la misma táctica fallida una y otra vez, esperando que produzca un resultado diferente. La definición, si no la palabra, se ajusta perfectamente a la CICIG en estos casos.

Versión PDF: AQUÍ

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